Desde Nueva York a Canarias, pasando por Barcelona

POR ISABEL COMPANY

Fuente: Autismo en vivo / 07/12/2020, Barcelona

Fotografía: Pixabay

Si algo bueno ha traído esta pandemia del “confinavirus” es que, ha conseguido destapar toda la falta de recursos que no proporciona la administración a las personas en situación de dependencia, porque les importamos una porra.

Ya en esta web hemos ido contando las consecuencias del COVID/19 como la ruptura de las rutinas, el aislamiento, la ansiedad, etc. Y en alguna ocasión hemos denunciado a la administración pública por no dar los pocos derechos a los que nos someten.

Podría contar un montón de casos, pero me voy a centrar en dos y uno añadido: Álex y Javier, dos adultos con autismo, ambos de la ciudad olímpica, Barcelona (España).

Esta ciudad olímpica, que, por cierto, tiene sus instalaciones deportivas que se caen a cachos y que yo he propuesto en varias ocasiones que se convierta en un circuito paralímpico y, ni caso, hasta el día de hoy, no cumple la maravillosa ley Lapad (ley que garantiza los derechos de las personas con discapacidad en España) ni por asomo.

Lo que es peor, tampoco cumple con la ley de accesibilidad y así, de paso, hablo en nombre de mi amigo Guillermo (el añadido) que no se puede desplazar libremente por su querida ciudad de Barcelona.

Os voy a explicar un poco la historia de mi amigo Guillermo: sufrió un ictus siendo un hombree joven, empresario, con una plantilla de más de 100 trabajadores (o lo que es lo mismo, ha pagado un montón de impuestos al estado español) y, resulta, que, si quiere coger el transporte público metropolitano a las tres de la madrugada, el único recurso que le queda es ponerse a fumar en el andén del metro para que vengan los guardias de seguridad a sacarlo porque el ascensor, no funciona. Eso la parada que tiene ascensor, claro.

El caso de Álex es que iba a un hogar residencia desde hace unos años, después de que sus padres batallasen y removiesen Roma con Santiago porque la lista de espera, en Cataluña, es de más de 70.000 personas. Es más, según un estudio realizado por el observatorio nacional de las personas con discapacidad, a Cataluña aún le faltan 300 años para ponerse al día con la famosa ley de dependencia, que es la que se supone, garantiza los recursos de dichas personas.

¿Accesibilidad, discapacidad, dependencia? Para qué tantas leyes que no se cumplen.

Vuelvo a Álex, cuando por fin ha conseguido la plaza donde sus padres querían (esa es otra, puedes vivir en la provincia de Barcelona y mandarte a Lérida o a la frontera con Francia, como si ingresases en prisión), llegó la pandemia y el confinamiento. Álex es un chico trasplantado y sus padres siempre están muy pendientes de su salud y, como el centro residencial no le podía garantizar los cuidados médicos necesarios, decidieron llevárselo de nuevo a casa mientras durase el confinamiento, muy bien gestionado por parte del gobierno. Pero hoy no me voy a meter con la gestión del actual gobierno o no acabo.

Cuando por fin llegó la fase 3 de la desescalada, Álex quiso volver al centro con sus compañeros de habitación, pero no lo admitieron alegando un montón de excusas (inventadas), lo que ha llevado a su padre a los tribunales y reclama el dinero que el estado da a ese centro en función de la plaza de usuario, que no es nada más que 2.700 euros por mes.

A las familias que, como la de Álex, que no han podido recuperar su plaza residencial, o bien se han hecho adultos durante la pandemia, que es el caso de Javier, nos han pagado 386 euros al mes, más 20 horas de refuerzo asistido por una trabajadora familiar (que, además, no está formada según los tipos de discapacidad), que viene cuando a la empresa le da la gana y, ojo, que, si pido una plaza residencial para mi hijo, igual me la dan dentro de 50 años.

El coronavirus ha destapado la falta de recursos económicos que sufre este colectivo “diverso”: residencias con ancianos muertos por decenas; dependientes con ganas de suicidarse cada minuto.

¿A nadie les importamos? ¿Cuántos centros han tenido que intervenir? ¿Los políticos se han enterado ahora de que los centros privados y concertados por la administración pública son la mayor infamia donde dejar a nuestros seres más queridos? ¿Alguna madre se atrevería a dejar a su hijo en un lugar en esas condiciones? O ¿a sus padres?

Centros para moribundos, centros para discapacitados, centros masivos que los usuarios son números, como los presos, centros a los que se les paga casi 3000 euros por persona para tenerlos en una pocilga.

Solución: me la busco yo porque estoy muy cansada de darme siempre con el mismo muro.

¡Bendito coronavirus que has destapado las miserias del mundo!